La propuesta de nueva Constitución establece que para todas las personas con discapacidad se debe garantizar el ejercicio de los siguientes derechos:
Accesibilidad universal: los diversos espacios de la ciudad tienen que estar habilitados para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su vida de la forma más autónoma y natural posible.
Inclusión social: deberán tener acceso al mercado del trabajo bajo las mismas condiciones laborales de todas las personas; es decir, tareas, horarios y remuneraciones.
Accesibilidad a la participación política: se debe asegurar que una persona en situación de discapacidad pueda, por ejemplo, ejercer su voto en una elección de la forma más autónoma y natural posible.
El Estado creará un sistema nacional para elaborar, coordinar y ejecutar estas políticas.